Esta publicación concluye 3 desigualdades estructurales que refuerzan el actual sistema de plásticos.

La primera inequidad es que el sistema coloca a los países de ingresos bajos y medios en una situación de desventaja, ya que tienen una influencia mínima sobre qué productos de plástico se fabrican y cómo se diseñan y, sin embargo, a menudo se espera que gestionen estos productos una vez que llegan al final de su vida útil. Las consideraciones sobre el diseño de productos y sistemas suelen hacerse más arriba, en países con una amplia producción de plástico y por empresas multinacionales con sede en países de ingresos altos. En 2019, solo se reciclaba el 9% de los residuos plásticos. Actualmente, alrededor del 60 % de la producción mundial de plástico se destina a productos de un solo uso, que están diseñados para ser desechados (y tan baratos que pueden serlo) después de usarse solo una vez.

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La segunda desigualdad es que el ritmo de producción de plástico, sobre todo el de un solo uso, está superando con creces la disponibilidad de recursos técnicos y financieros para su gestión cuando llega al final de su vida útil en los países de ingresos bajos y medios. Si no se reduce la producción y el consumo de plástico, los países de ingresos bajos y medios seguirán soportando la mayor carga de los impactos medioambientales y socioeconómicos directos de la contaminación por plástico.

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La tercera injusticia es que el sistema carece de una forma justa de hacer que los países y las empresas rindan cuentas de su acción, o inacción, sobre la contaminación por plásticos y su impacto en nuestra salud, medio ambiente y economía (por ejemplo, a través de regímenes obligatorios de responsabilidad ampliada del productor en cada uno de los países en los que operan). Sin obligaciones comunes en todas las jurisdicciones y empresas para apoyar una economía circular, justa y no tóxica de los plásticos, los países de ingresos bajos y medios acaban pagando el precio más alto.